Embriones: juez pide que se legisle su estatus. Noticia de la La Voz del Interior

Un letrado cordobés rechazó la cobertura de un estudio previo a la implantación. Y solicitó al Congreso de la Nación que defina cuál es su naturaleza jurídica.

¿Un embrión fecundado mediante técnicas de reproducción asistida es equivalente a una persona? ¿Qué pasa si se detecta un tipo de alteración genética en un embrión aún no implantado? ¿Se puede descartar? ¿Qué se hace con un embrión no seleccionado para implantación o donación? ¿Hasta cuándo es preciso sostener la crioconservación? ¿La vida humana comienza con la fecundación in vitro o con la implantación?

Estas son sólo algunas de las preguntas que se desgranan de la resolución de un amparo judicial ante la demanda de una mujer portadora de una mutación genética que produce distrofia –una patología grave que afecta a los músculos–. La mujer acudió a la Justicia federal para intentar que la empresa de medicina prepaga Organización de Servicios Directos Empresarios (Osde) le cubriera el costoso estudio de diagnóstico que no está incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes entendió que la empresa de salud no está obligada a brindar la cobertura del diagnóstico genético preimplantatorio (PGD, por sus siglas en inglés) por no encontrarse este entre las prácticas autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Y fue más allá: en caso de realizarse el diagnóstico y detectarse la anomalía, ¿qué sucedería con ese embrión?, se pregunta el magistrado.

“Es por ello que, en el marco de lo que se llama constitucionalismo dialógico, la Justicia federal le pide al Congreso de la Nación que legisle sobre una temática en la cual hay un vacío legal, como la naturaleza jurídica de un embrión in vitro”, explicó Sánchez Freytes en diálogo con La Voz.

“En este caso se trata de una patología que se transmite particularmente a los hijos varones, por lo tanto, si se tratase de un embrión femenino, habría menores posibilidades de que sea portador de la enfermedad o de que la manifieste, por ello lo que se pretende con este estudio es analizar ese embrión previo a la implantación”, precisó el letrado.

“Por un lado, está el problema de que la ley que cubre los tratamientos de fertilización asistida no incluye este estudio diagnóstico, por ello se resolvió no hacer lugar al pedido de la mujer, y en ese sentido hay jurisprudencia con casos que han llegado incluso hasta la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha ratificado este criterio”, indicó el juez, quien, además de resolver por sí o por no, se preguntó para qué se haría tal estudio.

Lo novedoso de la resolución judicial es que, más allá de rechazar el recurso, plantea la discusión sobre los embriones no implantados y sobre su eventual descarte en caso de detectarse alguna anomalía genética o cromosómica. “Si son embriones portadores de una ‘patología’, ¿los van a tirar? ¿Los van a donar?”, se preguntó Sánchez Freytes.

Y, en esa cuestión relativa al estatus jurídico de un embrión concebido fuera del cuerpo de la mujer, fue más allá y pidió al Congreso de la Nación que en el próximo período de sesiones debatiera y resolviera “con el dictado de una ley la naturaleza jurídica del embrión in vitro y el destino final del embrión no implantado”.

“No hay ningún tipo de reglamentación en este sentido, y no todo puede resolverse a través de la Justicia: recién cuando el Poder Legislativo nos diga qué naturaleza jurídica tienen, qué se hace con los embriones no implantados, vamos a poder autorizar este tipo de estudios”, apuntó.

El juez agregó en su análisis del caso la valoración económica del estudio demandado: “Utilitariamente parecería que el PGD es una buena herramienta para evitar que la descendencia prosiga con enfermedades congénitas, pero este mismo estudio plantea una desigualdad a partir del costo. Es algo que hoy sólo pueden hacer quienes tienen dinero para pagarlo”.
Nota por Laura Giubergia

El sistema sanitario es muy complejo y se ha tornado inmanejable justamente por falta de políticas al respecto. Por Dr. “Pecas” Soriano

El sistema sanitario es muy complejo y se ha tornado inmanejable justamente por falta de políticas al respecto.

Entre otros factores, podemos decir que la salud humana depende de cuatro grandes elementos o determinantes: la biología humana, el medio ambiente (que incluye tanto factores socioeconómicos como físicos, químicos y biológicos), los estilos de vida (decisiones personales que afectan a la salud) y la organización de los servicios sanitarios. Por lo tanto, mal podemos hablar de salud o de justicia sanitaria si no consideramos que un Estado no tendría que estar ausente en políticas inclusivas, como las que apuntan a una buena provisión de agua potable, cloacas y un largo etcétera. Omitir o descuidar eso es un grave error y termina repercutiendo en la salud de la población.
El sistema sanitario es muy complejo y se ha tornado inmanejable justamente por falta de políticas al respecto.

El Hastings Center dijo en un estudio sobre la ética en el análisis de costos/beneficios: “El abordaje tradicional del análisis costos/beneficios excluye consideraciones formales de efecto distributivo, del tipo de la equidad y la justicia. Aunque los economistas discrepan sobre cómo resolver este problema, es probable que las consideraciones sobre la equidad continúen siendo subestimadas en la práctica”.
La pregunta sería: ¿deben actuar los economistas en un sistema de salud? La respuesta es un sí contundente. Pero enseguida viene la segunda pregunta: ¿deben los economistas comandar las políticas de salud? La respuesta es un no. Al hacerlo, se producen graves problemas de inequidad e injusticia.
Si bien es cierto que los recursos en salud no son infinitos, una cosa es racionalizar el gasto (que no es tal, sino una inversión) y otra muy distinta es utilizar sólo un criterio economicista para brindar un derecho humano básico como es el derecho del acceso a la salud, consagrado en múltiples tratados internacionales y en la Constitución Nacional.
Las soluciones a estos dilemas son múltiples y es imposible tratarlas en este breve comentario.

Por Carlos “Pecas” Soriano
* Médico especialista en Bioética

Nuevos tratamientos aumentan los dilemas del sistema de salud

Nuevos tratamientos aumentan los dilemas del sistema de salud

La semana pasada, el doloroso caso de Natalí Maidana, la adolescente de 15 años que tenía fibrosis quística y no sobrevivió a un trasplante pulmonar con donante vivo, reactivó la discusión sobre los límites de la cobertura sanitaria que deben brindar los Estados y los criterios que deben aplicarse a la hora de resolver demandas extraordinarias.

La joven fue intervenida en Brasil debido a que la Argentina tiene poca historia en la clase de intervención que se le realizó –los trasplantes de pulmón con donante vivo fueron autorizados por decreto de Cristina Kirchner en 2012– y tras presentaciones judiciales de la familia para que la obra social provincial Apross financiara el viaje y la atención médica.

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Natalí no sobrevivió a la operación y además de la tristeza, quedó la duda sobre si el criterio costo-efectividad que primó en las respuestas iniciales de Apross fue el más justo.

El de la justicia sanitaria es un tema abordado desde múltiples ópticas, incluyendo la bioética, la economía y la filosofía y promete ofrecer en el mediano plazo todavía más incógnitas, por la aparición de nuevas generaciones de medicamentos y tratamientos, como terapias génicas y medicamentos biotecnológicos, cuyo costo es muy superior a los que los precedieron. Su valor es tan alto, que la industria farmacéutica apunta fundamentalmente a los Estados como financiadores.

Ramiro Guerrero, director del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa), de Colombia, resume: “El tema pertenece a la categoría de problemas que técnicamente no tienen solución”. Guerrero señala que esta es una dificultad que se manifiesta de manera clara en especialidades como la oncología.

“Lo primero que hay que hacer es no negar que las restricciones existen. Lo segundo es asumir que toda decisión que se tome será éticamente cuestionable de alguna manera. Ante eso, lo que filósofos como el influyente Norman Daniels proponen es que, si todos los criterios tienen un ‘pero’, lo que hay que habilitar es un procedimiento justo”.

Guerrero precisa, entonces, que la justicia puede surgir no del criterio de la decisión, sino del método empleado para adoptarla. “¿Qué quiere decir que sea ‘justo’? Que los criterios tienen que estar claros, que tiene que haber participación ciudadana y que tiene que haber posibilidad de apelación. Si tienes una condición y el sistema te dice que no se puede financiar, tú tienes que poder apelar esa decisión”, describe.

Mirta Roses Periago, médica argentina y exdirectora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala en tanto que hay un modelo de agencias evaluadoras (en la Argentina se planea la creación de una) orientadas a analizar la relación costo-efectividad de las nuevas tecnologías en salud. La historia de estos organismos se remonta a décadas atrás. “Pueden contribuir a establecer criterios para un acceso equitativo y justo. Sobre todo, en sistemas de salud fragmentados, como en la Argentina, que tienen muchos y distintos orígenes de financiamiento, como son las obras sociales, las prepagas, las Fuerzas Armadas”, manifestó Roses Periago. “Tenemos muchos distintos sistemas, incluyendo el sector público. Sobre algunos de ellos, el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, tiene ciertas atribuciones y recomendaciones para los llamados ‘paquetes mínimos obligatorios’”, continuó. Y completó: “Hay instrumentos en el país que podrían armonizarse para lograr que la agencia además de dar recomendaciones en términos de efectividad, costo-efectividad y valor científico de algunas prestaciones e intervenciones ya sea diagnósticas o terapéuticas, hagan que resulten respetadas en el acceso universal”.

La médica destaca que es preciso utilizar todas las herramientas de la ética para lograr un consenso sobre los criterios que se deben aplicar para lograr un acceso justo y equitativo.

Campañas
En muchas oportunidades, la solidaridad de la población también es fuente de financiamiento, pero en esto también Roses Periago subraya la importancia de garantizar la transparencia para evitar que usos pocos claros del dinero recolectado devengan en desilusión y terminen desalentando las contribuciones filantrópicas de la sociedad.

“Se aplican inclusive para tratamientos cuya efectividad no está comprobada y no han podido ser solucionados dentro de una legislación de cobertura”, recuerda. Aclara que este tipo de actuaciones demuestran el sentido de humanidad de la población, pero la mayoría de las veces no ofrecen después la posibilidad de seguimiento del destino de los fondos obtenidos.

La falta de rendición de cuentas –indica– ha generado malos antecedentes en el mundo. “Lamentablemente, después se desacreditan esos mecanismos de recolección de fondos”, dice y aclara que es un problema que se ha presentado a nivel mundial.

La médica asevera que también es clave que se permita el seguimiento de la historia del paciente, porque aportaría a un aprendizaje social.

La atención brindada a la persona ayudada por la sociedad y su evolución es información de interés social, dice.

Desde la perspectiva legal, la abogada de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), María Inés Bianco, advierte de que se trata de un tema complejo, con múltiples aristas, donde la presencia de lagunas fomenta la judicialización.

“Por un lado, tenemos el concepto de justicia en el acceso y la faz de bien social del medicamento para aliviar síntomas, curar o mejorar la calidad de vida y, por otro, la justicia en relación con los recursos, porque no es ético no pensar en el costo”, presenta. “El dilema es bioético, entre la justicia del acceso y los recursos existentes”.

“Las personas tienen que poder acceder a los nuevos tratamientos siempre que tengan justificación médica adecuada, que guarden los principios de calidad, eficiencia y hayan sido sometidos a ensayos clínicos en personas, es decir, que no sean experimentales, porque lo experimental no debe ser cobrado”, desarrolla. Por otro lado, insiste, debe pensarse en la faceta de la posibilidad de financiamiento.

“Se necesita una política integral de Estado sobre el uso racional de medicamentos. Actualmente, en la Argentina hay una ley de medicamentos que es sumamente antigua. Hay lagunas sobre la legislación de biotecnológicos y biosimilares. No está establecido bien qué se considera genérico”.

La abogada hace referencia así a los potenciales sustitutos de los medicamentos biotecnológicos, llamados “biosimilares”, semejantes (aunque no iguales) a los primeros que pueden desarrollarse una vez vencidas las patentes de los creadores. “Actualmente, los biosimilares tienen el mismo precio que los biotecnológicos, cuando deberían costar un 40 por ciento menos”, remarcó.

“Hay lagunas jurídicas. La judicialización está provocada por la falta de una política integral de medicamentos”, concluyó.

Guerrero señala que es necesario comenzar a afrontar estos dilemas. “Son discusiones que la sociedad debe poder dar con madurez y sin caer en el sensacionalismo. Y los gobiernos y los sistemas de salud deben hacer esfuerzos por resolver los cuellos de botella”, graficó el economista.

Asimismo, también apuntó a la importancia de las agencias evaluadoras. “Muchos desarrollos farmacológicos se han hecho a partir de líneas bastante tradicionales y sirven, por ejemplo, para extender la sobrevida por pocos meses. Es por eso que las agencias deberán justificar la adopción desde el punto de vista social y de la verdadera efectividad”, cerró.

El futuro es prometedor en materia de salud, pero también abre nuevos escenarios de conflicto.

Por  Alejandra Beresovsky