Por estos días, se discute en el Senado la creación de una Agencia Evaluadora de Tecnologías Sanitarias.

Muchas veces, si no siempre, ser periodista es abandonar una cómoda ingenuidad, tan buena para la paz espiritual, para convertirse en un ser escéptico. En algunos ámbitos de cobertura profesional, la natural curiosidad –nuestro principal insumo– debe parecerse un poco más a la desconfianza y la pregunta siempre válida de “¿por qué?” no debería ser satisfecha a la primera respuesta.

Uno de los contextos en los que esto debe suceder es en el de las presentaciones de nuevos remedios.

Años de investigaciones científicas redundan muchas veces en medicamentos disruptivos, que cambian la perspectiva de pacientes y médicos, pero, en otras tantas oportunidades, los resultados son menos espectaculares. Aun los fármacos que implican una mejoría parcial –si no leve– de los pacientes exigen, para amortizar la inversión que requirieron, que se incentive su venta generando interés en la prensa, en los médicos especialistas y en los pacientes, estos últimos cada vez más informados y activos, reunidos en asociaciones que a veces las propias farmacéuticas ayudan a financiar.

Con el loable eslogan “usted merece lo mejor”, los laboratorios promueven el ejercicio de los derechos por parte de los enfermos o sus familiares.

Esos medicamentos son, quizá, primeros resultados de búsquedas más prometedoras, pero para el sostenimiento de las empresas que permiten su producción –y que financian años de rigurosos procedimientos– salen al mercado con precios elevados, imposibles de pagar sin la cobertura de los estados, ya que inclusive las prepagas más rentables no son capaces de costearlos.

Ejemplos de ello son los remedios que extienden por pocos meses (a veces sólo dos) la sobrevida a los pacientes con enfermedades terminales. En esos dos meses –argumentan quienes los ofrecen–, una persona puede organizar sus papeles y hacer un poco más ordenado el final de su vida.

Sin embargo, afrontar el desembolso que implica adquirir esos medicamentos puede poner en riesgo el sistema de salud, que debe seguir haciéndose cargo, por el bien de toda la sociedad, de una cobertura básica para toda la población.

Esos casos, y otros menos fáciles de analizar, como el de terapias génicas que realmente mejoran la calidad de vida de los pacientes crónicos pero a un costo muy superior al de los tratamientos tradicionales, alimentan los cada vez mayores dilemas de las autoridades sanitarias.

Es por ello que, por estos días, se discute en el Senado de la Nación la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet), cuyo rol será asesorar y hacer recomendaciones a los financiadores, incluyendo al Estado nacional y a las provincias, además de obras sociales y prepagas.

Del abordaje legislativo dependerá, también, evitar que los procesos críticos de decisión sean alimento de sectores oportunistas.