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Nota de la Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba

Una mirada que ya cambió hace tiempo

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Investigaciones. Bajo control de las normativas. (AP / Archivo)
Existen organizaciones científicas que regulan la ética y el uso de animales en experimentación, desde 1985.

En relación con la nota editorial de este diario titulada “Una mirada que debe cambiar”, publicada el 5 de febrero pasado, desde la Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba (Sicc) compartimos los juicios vertidos sobre la experimentación animal cuando los controles y métodos no son los adecuados. Pero resulta necesario aclarar algunos aspectos.

A nuestro criterio, la nota transita sin escalas por temas sensibles a la opinión pública, al relacionar de manera inconexa y sin fundamentos un experimento de la industria automotriz con el desarrollo de nuevos fármacos que involucran a seres humanos.

Cuando, en referencia al empleo de animales en experimentación, se alude al “…nuevo y casi inexplorado derecho animal…”, presumimos un desconocimiento de las regulaciones que protegen a estos. El control se realiza a través de normas internacionales como la Ley de Protección Animal (1966), de la Agencia de Cuidado Animal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos; la Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (1996), del Instituto Nacional de Salud de ese mismo país; la directiva 86/609 del Consejo de Comunidades Europeas, y las Buenas Prácticas de Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También existen organizaciones científicas que regulan la ética y el uso de animales en experimentación, como el Consejo Internacional de Ciencia en Animales de Laboratorio (Iclas), desde 1985. Estas disposiciones internacionales tienen su réplica en nuestro medio en prácticamente todos los centros donde se realiza dicho tipo de experimentación.

Argentina dispone de la ley 14.346/54 de Protección de Animales, que contempla expresamente ese cuidado y condena con prisión a quien no la cumpliere. Además, nuestro país aplica la disposición Anmat N° 6.344/96 y la resolución Senasa 617/02, ambas referidas a la habilitación técnica de laboratorios que posean bioterios de producción, mantenimiento, experimentación y cuidado de los animales de laboratorio.

Resaltamos el nexo de los principios éticos internacionales entre la investigación animal y en seres humanos. La Declaración de Helsinki, adoptada en 1964 por la 13ª Asamblea Médica Mundial y revisada en 2013, cita: “La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos generalmente aceptados […], así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales […]. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos”. Señalamos, por lo tanto, que el “…casi inexplorado derecho animal” lleva más de 60 años de legislación.

Infortunada comparación

Además, nuestra institución impugna la infortunada comparación entre la desaprensión de una empresa automotriz y el empleo de animales con la investigación en seres humanos, cuando el editorial afirma: “Sin olvidar, claro, la experimentación directa sobre seres humanos, muchas veces realizada sin el consentimiento de las personas, lo que redondea un cuadro de descontrol en el que los protocolos hasta ahora conocidos parecen ser del todo ineficientes”.

La nota resulta arbitraria. No deja espacio para el debate, alimenta prejuicios y mantiene ignorancias. Presuntamente, se desconoce la importancia del desarrollo de nuevos fármacos (incluidas las vacunas) o el hecho de que en la actualidad sólo tiene tratamiento efectivo un tercio de las más de 2.500 enfermedades registradas, según datos publicados por la OMS. Y, más aún, la fuerte regulación a nivel nacional que practican tanto el Ministerio de Salud de la Nación con la resolución 1.480/11 como la Anmat con la disposición 6.677/10 y afines.

O, a nivel local, con la ley 9.694/09 del Ministerio de Salud en la provincia de Córdoba, que ejerce su rol como fiscalizador de las investigaciones realizadas en la provincia. Tampoco olvidemos el arduo trabajo de los comités independientes de ética, que, en su condición de observadores, evaluadores y controladores, velan por la seguridad de los participantes de todas las investigaciones clínicas.

Es fácil darse cuenta de que en el artículo la investigación en seres humanos es denostada, al tratarse esta de manera superficial y relacionarse en su totalidad con un caso de la industria automotriz.

El editorial cierra con la expresión: “Lo que urge es cambiar esa mirada”. Para que esto suceda, la Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba reclama una única urgencia: la información precisa y fundamentada de quienes tienen el privilegio y la responsabilidad de opinar en un medio de comunicación masiva.

Marcos Baravalle* y Georgina Viczena**

* Médico reumatólogo; presidente de la Sicc.

** Médica psiquiatra; vicepresidenta de la Sicc

Hospitales: más cortes de cinta que nuevos médicos y enfermeros

En cinco años se abrieron hospitales y se crearon servicios, pero según datos del presupuesto, hubo una merma de cargos. Salud asegura que hay 36 puestos más, contando otras áreas también.


Más inauguraciones con una planta de personal casi congelada o en descenso. En los últimos cinco años, los hospitales públicos provinciales sumaron más servicios y centros, pero perdieron 255 cargos médicos y 553 de enfermería, según se detalla en los presupuestos 2013 y el actual, o se crearon apenas 36, si se da por cierto el registro –que difiere del presupuestario– que tiene la cartera sanitaria.
Según la información de los anexos “planta de personal por programa” de los presupuestos 2013 y 2018, los puestos de enfermería se redujeron un 11 por ciento, mientras que la planta de médicos se achicó un seis por ciento.
En este rubro publicado en el sitio web de Finanzas de la Provincia –como parte de un plan de mejora en la transparencia de la información–, se detalla la cantidad de recursos humanos prevista por hospital. Si se comparan las categorías de médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, la caída total fue de 808 agentes.
De acuerdo con esta información oficial, en 2013 la Provincia proyectó ocupar a 8.809 profesionales en hospitales. Para este año se prevén 8.001, es decir 808 menos.
Para el Ministerio de Salud provincial, los presupuestos son “una foto que va variando”. Y aportó registros de su propia Dirección de Recursos Humanos, que no son enteramente comparables. A partir de los sueldos que se liquidan por mes, la cartera sanitaria contabilizó 11.177 médicos y enfermeros en 2013, mientras que dijo tener 11.213 en marzo de este año, sumando todos los destinos laborales, no sólo los hospitalarios. Eso le da 36 agentes más. No se detalló hospital por hospital y sí se sumó a los médicos y enfermeros que se desempeñan en las actividades centrales del Ministerio, los centros asistenciales comunitarios de Capital y otros servicios.

Cada vez menos

Nuevos servicios
En cinco años, se creó un nuevo hospital (el Pasteur, de Villa María, que con sus 114 camas y alta complejidad reemplazó al viejo). También se ampliaron otros tres centros: el Arturo Illia, de La Calera; el San Vicente de Paul, de Villa del Rosario; y el Eva Perón, de Santa Rosa de Calamuchita. Además, se dotó de personal al Florencio Díaz, del sudeste de la Capital, que no prestó servicios durante varios años. De hecho, en 2013 no tenía médicos asignados.
La lista continúa con nuevos servicios en hospitales preexistentes, como el centro de rehabilitación del Misericordia, la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital de Niños y el área de cirugía ambulatoria del Tránsito Cáceres. En salud mental, se abrieron 33 centros de asistencia de adicciones en la provincia. Todo eso con la planta de salud casi sin variantes.
“El fenómeno de retracción de la oferta de salud pública se está dando incluso en hospitales que fueron pensados para alta complejidad, como el Pasteur. Por falta de personal calificado, entre otras cosas, no están resolviendo los casos más críticos”, cuestionó Ernesto Gagliano, titular de la Cátedra de Salud y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Mientras que el Estado amplió su infraestructura en mediana y alta complejidad, el sector privado se contrajo. En cinco años cerraron 82 clínicas, en su mayoría del interior, según datos del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa). A su vez, el aumento de la pobreza impactó en los hospitales públicos.
Nelson Montoya Jaramillo, especialista en Salud Pública y Auditoría Médica, agregó: “Los hospitales no sólo deben dar respuesta a los que se quedaron sin trabajo, sino también a quienes, aun teniendo obra social, no acceden a ciertas prestaciones, por no estar contempladas en el Programa Médico Obligatorio”.
Según datos del Ministerio de Salud provincial, el 47 por ciento de los niños que nacen en Córdoba lo hacen en el sistema público. Y el 40 por ciento de los pacientes hospitalarios cuenta con obra social.
El detalle del personal que se desempeña en la administración pública confirma que mientras la Provincia sumó 7.697 empleados entre diciembre de 2013 y el mismo mes de 2017, lo que llevó la planta a 128.943 agentes (6,3 por ciento más), Salud agregó 26 recursos humanos: pasó de 11.754 empleados a 11.780.

Volátiles

El 43,5 por ciento de la planta de salud trabaja actualmente bajo la modalidad transitoria, esto es, contratos, monotributos, residencias. El porcentaje viene creciendo: en 2013, el 32,3 por ciento del plantel se desempeñaba con contratos volátiles.
Esta información se desprende del anexo “personal ocupado en la administración pública”, que la Provincia envía al Ministerio de Economía de la Nación por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En números absolutos, en diciembre de 2017 se contabilizaron 11.780 agentes en la planta de salud (ahora sí sumando administrativos y otros profesionales de la salud). De ellos, 5.134 agentes figuraban como “transitorios”.
Francisco Fortuna, ministro de Salud provincial, dijo que esta situación cambiará con la ley de pase a planta permanente –sancionada en diciembre pasado–. El concurso alcanzaría en Salud a cerca de tres mil agentes, unos 2.500 correspondientes a equipos hospitalarios.
El tercer dato de este informe fue construido con lo que la Provincia estimó gastar en cada hospital en el pago de salarios de personal efectivo versus temporario. De estos registros, surge que los fondos se repartieron en partes iguales: de 5.924 millones de pesos en salarios, 2.897 millones se destinaron al personal temporario. Es decir que el 48 por ciento de los recursos fueron a contratos con fecha de vencimiento.