Entre otros factores, podemos decir que la salud humana depende de cuatro grandes elementos o determinantes: la biología humana, el medio ambiente (que incluye tanto factores socioeconómicos como físicos, químicos y biológicos), los estilos de vida (decisiones personales que afectan a la salud) y la organización de los servicios sanitarios. Por lo tanto, mal podemos hablar de salud o de justicia sanitaria si no consideramos que un Estado no tendría que estar ausente en políticas inclusivas, como las que apuntan a una buena provisión de agua potable, cloacas y un largo etcétera. Omitir o descuidar eso es un grave error y termina repercutiendo en la salud de la población.
El sistema sanitario es muy complejo y se ha tornado inmanejable justamente por falta de políticas al respecto.

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El Hastings Center dijo en un estudio sobre la ética en el análisis de costos/beneficios: “El abordaje tradicional del análisis costos/beneficios excluye consideraciones formales de efecto distributivo, del tipo de la equidad y la justicia. Aunque los economistas discrepan sobre cómo resolver este problema, es probable que las consideraciones sobre la equidad continúen siendo subestimadas en la práctica”.
La pregunta sería: ¿deben actuar los economistas en un sistema de salud? La respuesta es un sí contundente. Pero enseguida viene la segunda pregunta: ¿deben los economistas comandar las políticas de salud? La respuesta es un no. Al hacerlo, se producen graves problemas de inequidad e injusticia.
Si bien es cierto que los recursos en salud no son infinitos, una cosa es racionalizar el gasto (que no es tal, sino una inversión) y otra muy distinta es utilizar sólo un criterio economicista para brindar un derecho humano básico como es el derecho del acceso a la salud, consagrado en múltiples tratados internacionales y en la Constitución Nacional.
Las soluciones a estos dilemas son múltiples y es imposible tratarlas en este breve comentario.

Por Carlos “Pecas” Soriano
* Médico especialista en Bioética