La Fundación Oncológica de Córdoba expuso los dilemas que se generan ante los nuevos fármacos con elevados precios. Junto a expertos y a funcionarios provinciales, analizaron este desafío para el sistema sanitario.
¿Hasta cuándo aguanta el sistema sanitario los altos costos de los medicamentos? ¿Cómo garantizar la equidad ante la creciente oferta de tratamientos basados en nuevas tecnologías?
El tema se analizó durante la Jornada sobre Fármaco-Economía, organizada por la Fundación Oncológica Córdoba la semana pasada. En el encuentro, se planteó que no hay manera de que las obras sociales ni las prepagas, y tampoco el Estado, puedan sostener los costos de tratamientos para enfermedades oncológicas y otras crónicas, en las que a los financiadores les corresponde una cobertura total.
Como muestra, bastan algunos botones: desde 2000, el tratamiento para cáncer de colon aumentó 4.692 por ciento (pasó de $ 12.474 a $ 585.306); el de mama se incrementó en 986 por ciento (de $ 33.960 a $ 334.707,35) y el de pulmón en 1.707 por ciento (de $ 196.956 a $ 3.361.600), según los datos que proporcionó Martín Alonso, presidente de la Fundación Oncológica y director del Registro Provincial de Tumores.
Además, en la actualidad, los medicamentos oncológicos y los inmunomoduladores son los que representan los mayores desembolsos por fármacos en el país, con un 15 por ciento, según datos del Indec de 2016.
Esos tratamientos han superado al que se eroga para personas con discapacidad que, históricamente, representaban el mayor gasto, mostró Pablo Lutterini, asesor médico de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sin embargo, ¿a alguien se le ocurre en la Argentina que no tenga derecho a medicamentos y tratamientos de distinto tipo? Es por ello que, cuando algún financiador se niega, aparece el recurso de amparo para tutelar y garantizar el acceso a lo que se necesita.
Según el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, los peritos aprueban lo que solicitó el médico tratante en el 60 a 70 por ciento de las demandas, y el financiador que corresponda debe hacerse cargo.
Sin embargo, varios de los disertantes señalaron que la Justicia podría estar generando inequidades, ya que no todas las personas pueden tener acceso, ni siquiera, a recursos esenciales en salud.
Mientras la industria farmacéutica fija precios elevados para remedios oncológicos que, en muchos casos, prolongan la vida cuatro meses y cuyos efectos adversos pueden generar una mala calidad de vida, ¿cómo y quién puede ejercer racionalidad en su uso?
Desde hace dos años, se viene gestando una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud que tendría como función proveer criterios de asignación adecuada de los recursos sanitarios. Esto es a lo que apuntó el Ministro de Salud de la provincia, Francisco Fortuna, con la esperanza de que exista algún tipo de estrategia, en un sistema donde no alcanza para todo ni para todos.
Finalmente, el oncólogo Emilio Palazzo se refirió a los criterios de justicia en el delicado balance entre las obligaciones éticas de los profesionales de la salud con los pacientes y el riesgo de caer “en la irracionalidad de exigir costosos medicamentos que prolongan la vida cuatro meses”.
Por Josefina Edelstein
