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NOTICIA: Crearán mesa de trabajo para dar continuidad al foro sobre los altos costos de la medicina moderna.

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El foro “El avance de la medicina moderna y su impacto en el financiamiento de los sistemas de salud”, impulsado por el rector Hugo Juri, tuvo una amplia y calificada concurrencia este lunes en la sala de sesiones del Consejo Superior de la UNC. (25.03.2019)

Una mesa de trabajo para dar continuidad a las ideas planteadas y generar algún tipo de normativa, política pública o proyecto de ley para atacar la problemática de los altos costos de la medicina moderna, fue la noticia saliente del foro que propició el rector Hugo Juri y al cual asistieron personalidades de variados ámbitos.

El encuentro se realizó este lunes 25 de marzo, en la sala de sesiones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde Juri convocó a legisladores nacionales, funcionarios del área de salud, representantes de obras sociales y de medios de comunicación, directivos de consejos profesionales, de Anmat, del Laboratorio de Hemoderivados y del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas, entre otros.

El titular de la Casa de Trejo comenzó la reunión planteando la compleja situación que enfrentan los sistemas de salud frente al fenómeno de la medicina moderna que ha elevado sus costos.

El disparador del foro se relaciona con el caso de un paciente con atrofia muscular espinal (AME) que presentó un amparo y la Justicia federal ordenó pagar 500 mil dólares por cuatro dosis de una droga de un laboratorio internacional, repartido entre el Estado nacional (70 por ciento) y la obra social Daspu (30 por ciento).

Si bien esta situación generó la reunión, Juri planteó una cuestión más de fondo. “A diferencia de otros sectores de la economía en los que la tecnología abarata los precios, en la medicina es al revés, porque se deben financiar los altos costos de la investigación farmacéutica y de la tecnológica médica. Pero esa es una parte del problema. En primer lugar, es el Estado el que tiene las espaldas para regular el precio de estas nuevas drogas que mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero que se hacen inaccesibles para la población”, arrancó el rector.

Y, agregó, citando un informe de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que 400 mil familias cayeron en la pobreza precisamente por afrontar el costo de una enfermedad de este tipo.

En ese marco, el titular de la Casa de Trejo señaló la necesidad de generar un seguro de salud para enfermedades catastróficas, pero al mismo insistió en que tiene que ser el Estado el que se involucre en esta problemática para poder regular el alto precio de ciertos medicamentos. Incluso insistió en que sean los Estados latinoamericanos los que se sienten a negociar con los grandes laboratorios.
La representante de Anmat en Córdoba, Karina Gatica, confirmó que hay 14 pacientes en Córdoba con AME, pero desligó a la entidad en relación al costo de la droga.

Los diputados Diego Mestre y Juan Brugge celebraron la iniciativa de Juri y ambos se comprometieron a realizar gestiones por esta problemática tanto ante las autoridades sanitarias de la Nación, como también la posibilidad de generar un proyecto de ley en el Congreso.

Brugge dijo: “Conozco el problema, la situación de Daspu y la realidad de las obras sociales universitarias, que no tienen el resguardo de las obras sociales sindicales. Hay un fenómeno mundial para el que no estamos preparados, que es al avance de la medicina moderna y su alto costo. Tenemos que hacer un esfuerzo regional, América latina en su conjunto, y buscar soluciones”.

Mestre agregó: “Celebro la iniciativa del rector Juri y me comprometo a trabajar para reformar o generar leyes que permitan abordar este fenómeno que afecta a las obras sociales y al sistema de salud en general”.

Estado negociador
Todos los asistentes al foro coincidieron en que el Estado nacional es el que está en mejores condiciones de negociar con las compañías multinacionales farmacéuticas.

El director periodístico de La Voz del Interior, Carlos Jornet, dijo que el reaseguro de salud planteado por Juri es una buena opción a corto plazo, pero admitió que la situación es más compleja sobre todo cuando las grandes corporaciones hacen abuso de su posición dominante.

En ese marco, Gabriel Acevedo, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, planteó la necesidad de crear una agencia de evaluación de tecnología sanitaria para este tipo de casos.

Patricia Altamirano, decana de Psicología de la UNC, reconoció que el rector Juri hizo lo que tiene que hacer una universidad pública: generar estos espacios de debate. Pero también dijo que es necesario bregar por una política de ciencia y técnica, para generar los medicamentos. “El ejemplo es nuestro Laboratorio de Hemoderivados, que regula el precio de los derivados de la sangre y hace que sean accesibles en la región. Los grandes laboratorios no tienen un sentido de la ética como sí lo tienen laboratorios como el nuestro, que afortunadamente la UNC lo ha mantenido en el tiempo”, expresó y agregó: “No deberían hacerse protocolos de investigación médica en países en los que no se pueda comprar la droga después”.

Algunos de los asistentes al foro cuestionaron que los medicamentos sean considerados como un bien de consumo y no como un bien social. La mayoría acordó en la necesidad de tener un reaseguro para los medicamentos de las llamadas “catastróficas”, pero complementado con un rol activo del Estado como negociador con las multinacionales farmacéuticas.

Susana Núñez Montoya, directora del Centro de Información de Medicamentos (Cime) de Ciencias Químicas, informó que hay países en el mundo que tienen un control mixto entre el costo y la eficacia de las drogas. “Los Estados tienen que poner las condiciones para que sean los laboratorios los que lo hagan”.

El decano de Ciencias Económicas, Jhon Boretto, fue quien propuso la creación de una mesa de trabajo para darle continuidad al debate y llegar a generar normas o políticas públicas para entregar al Gobierno nacional.

Gonzalo Pauli, presidente de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados de la Provincia de Córdoba, explicó que conoce las limitaciones de la Justicia a la hora de fallar en estos casos de enfermedades catastróficas, “porque no tienen los elementos técnicos para dirimir una situación, por lo que actúa en función del derecho a la salud de los pacientes”, señaló.

En ese contexto, Luis Hernando, presidente de Daspu, celebró la iniciativa de Juri y expresó: “No es un problema menor el que estamos debatiendo. Pero quiero destacar que la Justicia cuando lee y analiza la documentación científica y financiera falla en consecuencia, como es el caso que nos tocó a nosotros. Cuando la Justicia entiende cuál es la posibilidad de cobertura, actúa en esa dirección”.
Asistentes

Gabriel Acevedo, secretario Salud municipal; Martín Alonso, funcionario del Ministerio de Salud provincial; representantes de Daspu: Luis Hernando (presidente), Luis Ambrosini (secretario de Organización y Sistemas), Hugo Pizzi (secretario de Salud), Ricardo Castelló (secretario de Administración), Leandro Carbelo (vocal), Daniel Yorio (vocal), Héctor Gatti (vocal), César Yanover (vocal), Miguel Galoppo (vocal) y Arnaldo Márquez (vocal suplente jubilados), Inés Pastorino (Comisión Fiscalizadora); Ramiro Beverina, Pami-Córdoba; Federico Buonanote, Facultad de Ciencias Médicas; Analía Cudola, secretaria de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud provincial; Andrés Gaetano, asesor de la diputada nacional Soledad Carrizo; Roberto Terzariol, secretario General de la UNC; Jorge Dutto, prosecretario General de la UNC; Karina Gatica, Anmat-delegación Córdoba; Guillero Grgicevic, Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE)-Santa Fe; Aldo Guerra, director Colegio Monserrat; Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior; César López Seoane, vicepresidente Caja Notarial Córdoba; Pedro Martín Lorenzi, asesor de la diputada nacional Brenda Austin; Edgardo Moreno, gerente de noticias de radio Mitre Córdoba; Pascual Fidelio, director ejecutivo del Laboratorio de Hemoderivados; Gonzalo Pauli, presidente de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados de la Provincia de Córdoba; Liliana Salerno, CPCE-Córdoba; Manuel San Pedro, presidente de los SRT; José Simonella, presidente del CPCE Córdoba; Adriana Sors, presidenta CPCE Entre Ríos; Pedro Yanzi Ferreira, vicerrector UNC; Juan Zazzetti, director Pami.
Decanos de la UNC: Jhon Boretto (Ciencias Económicas); Marcelo Conrero (Ciencias Agropecuarias); Mirta Spadiliero de Lutri (Odontología); Ana Mohaded (Artes); Mariela Marchisio (Arquitectura); Elena Pérez (Lenguas); Patricia Altamirano (Psicología); Guillermo Barrera Buteler (Derecho). Vicedecanas: Jacinta Burijovich (Ciencias Sociales), Susana Morales (Ciencias de la Comunicación), Marta Fiol de Cúneo (Ciencias Médicas) y Adriana Cerato (Ciencias Exactas). Vicedecanos: Gustavo Monti (Famaf) y Marcelo Mariscal (Ciencias Químicas).

En debate: a quién le corresponde pagar los tratamientos carísimos. Noticia de La voz del Interior

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Reclamo. Las obras sociales no cubren este medicamento. (La Voz / Archivo)

El viernes, la Anmat aprobó lo que se considera uno de los medicamentos más caros del mundo. Desde la UNC proponen que se cree un seguro nacional de enfermedades catastróficas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la semana pasada el registro de un costoso medicamento para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad neurodegenerativa sin cura.

La disposición de la entidad nacional generó ilusión entre las familias con niños con esta enfermedad e impactó de lleno en Córdoba, donde recientemente la Justicia federal falló a favor de un paciente afiliado de Daspu.

Se trata de una resolución para que la obra social universitaria y el Estado nacional le proporcionen al paciente la medicina que se produce en el Reino Unido y cuyo costo suponía tiempo atrás un desembolso de entre 500 y 750 mil dólares, aproximadamente, para el primer año de tratamiento.

La droga se llama nusinersen y es conocida en el mercado como Spinraza. Y es la única posibilidad con la que cuentan las personas afectadas por la AME para combatir el avance de esta dolencia que se padece de por vida.

Desde hace más de dos años, las familias con niños con esta enfermedad poco frecuente esperan esa resolución.

Ahora los pacientes que padecen esta enfermedad en grado 1, 2 y 3 no tienen restricciones para introducir la Spinraza en la Argentina. Hasta la semana pasada, la responsabilidad de la importación corría por cuenta de cada familia, más allá de que la financiación llegara tras un fallo judicial

“Esta resolución nos abre muchas puertas, porque el medicamento deja de ser considerado experimental y abre la discusión sobre la inclusión dentro de los planes de cobertura de las obras sociales”, asegura David Hermoza, padre de dos niñas con AME.

No obstante, el medicamento sigue sin estar incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que debe garantizar cada obra social a sus afiliados. La disputa en los tribunales sigue siendo por quién debe hacerse cargo de los costos de la medicina. Usualmente, los jueces fallan a favor de los pacientes.

Sistema de salud
La nueva disposición refuerza el reciente fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que les ordenó a la Nación y a Daspu solventar los costos del tratamiento para un niño afiliado a la obra social universitaria.

En el escrito judicial se determinó que el Estado deberá afrontar el 70 por ciento, mientras que la entidad de la UNC se hará cargo del 30 por ciento restante.

Hace unas semanas, el rector de la UNC, Hugo Juri, había puesto la lupa en el impacto del costo de uno de estos tratamientos sobre las finanzas de la Daspu por este caso.

El rector estudia la posibilidad de presentarse a modo particular como amicus curiae ante la Justicia federal. El objetivo es arrimar una solución diferente de la que propuso el tribunal.

“Entendemos totalmente la situación, el derecho a la salud está garantizado y creemos que el Estado debe hacerse cargo de proveer del medicamento. Sin embargo, aquí también hay un problema de fondo. El avance de la medicina y los costos de sus investigaciones terminan impactando sobre los sistemas de salud, que, tal como están diseñados, sufren un gran impacto con este tipo de tratamientos”, advierte.

Juri propone la conformación de un seguro nacional de salud para afrontar estas enfermedades, que además se encargue de las negociaciones con los laboratorios.

“Los sistemas de salud no pueden soportar los costos tan elevados que tienen ahora algunos tratamientos y en muchos casos pueden afectar sensiblemente las arcas de una obra social, ya sea pública o privada. Por eso el problema se debe resolver entre todos”, señala.

Por su alto costo, estas enfermedades reciben la denominación de patologías catastróficas. Son aquellas cuyo tratamiento supera los 50 mil dólares.

En una estimación ágil, el costo del tratamiento para todos los pacientes de la Argentina, que rondarían entre los 350 y los 400, supone una inversión equivalente a todo el presupuesto de vacunación anual del Ministerio de Salud de la Nación.

La historia clínica electrónica debuta en cinco hospitales. Noticia de La Voz del Interior

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La próxima semana, arrancan las capacitaciones para los profesionales. El objetivo es que, para fin de año, ya sean 15 los centros de salud que la implementen.

Ejemplo del registro tradicional. Imagen ilustrativa del actual archivo del hospital Neuropsiquiátrico, de barrio General Paz. (Ramiro Pereyra)

Este mes es clave para que la nueva historia clínica electrónica marche sus primeros pasos. La semana que viene, los cinco hospitales que implementarán el cambio comenzarán con jornadas de capacitación. Así lo informó Rodolfo Rodríguez, titular del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria (Iplas).
“Estamos en condiciones de hacer las pruebas operativas este mes, para asegurar que el sistema funcione. Si logramos que no haya errores ni caídas de conectividad, después será mucho más fácil instalarlo en los otros hospitales”, informó Rodríguez.
El expresidente de la obra social provincial Apross dirige la entidad que cogestiona con el Ministerio de Salud provincial la implementación de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).
La empresa multinacional Everis es la encargada de concretar la logística y proveer del software. El presupuesto total es de mil millones de pesos y el plazo, de dos años.
La HCEU comenzará por los hospitales Pediátrico, de Niños, Córdoba, Neonatal y San Antonio de Padua, de Río Cuarto. A fin de año, el plan es llegar a 15 centros.
En la ex Casa Cuna, las capacitaciones comenzarán el miércoles 13, con tres horas por turno. El hospital de avenida Castro Barros ya viene trabajando con historias clínicas digitales, con el anterior sistema llamado “MHC”. En el Hospital de Niños, los cursos comienzan el viernes 15.

Más información
La historia clínica digital fue anunciada como reemplazo del papel. En enero de 2017, el ministro de Salud provincial, Francisco Fortuna, dijo que el cambio pretendía agilizar la búsqueda de información de los pacientes.
“Este sistema nos permitirá tener un mejor control de los recursos y aportará información estadística sobre algunas enfermedades crónicas. También facilitará la auditoría y mejorará el recupero de gastos que realiza el sistema público en pacientes con obra social”, había indicado Fortuna.
¿Cómo funciona? Según explicó Rodríguez, el sistema se concreta a través de dos interfaces. Por un lado, el software de los equipos de diagnóstico por imágenes y laboratorio, que capturan la imagen y la digitalizan. Por otro, el sistema operativo de la historia clínica digital, que almacena esa información en un data center.

El exdirector de la obra social provincial Apross explicó que hoy toda la aparatología médica captura imágenes digitales. También que la Provincia adquirió un equipamiento a través de una licitación para digitalizar la información de los aparatos viejos.
“El resultado de un análisis de sangre debiera poder pasar sin participación humana a la historia clínica digital para que el médico lo viera en pantalla. También tendría que imprimirse, en caso de que el paciente así lo solicitara”, informó.
El paciente podrá estar al tanto de su diagnóstico ingresando a una página web, mediante su cuit. Es el mismo sistema que para Ciudadano Digital. El médico podrá acceder a esos datos con una contraseña y “llamar” historias clínicas de otros hospitales.

Bajo siete llaves
Consultado sobre quién garantiza la confidencialidad de esos diagnósticos, Rodríguez dijo: “La única manera de poder ingresar a esa información es con una contraseña que sólo tienen los médicos”.
A su vez, la ley provincial 10.590 –que creó la historia clínica electrónica– establece que esos datos “deben ser tratados con la más absoluta reserva”.
“La información contenida en la historia digital no está disponible y no es revelada sin autorización del paciente, su representante legal o disposición emanada de autoridad judicial competente”, según establece la norma.

Ignacio Maglio, abogado especialista en Derecho de la Salud y Bioética, informó que la historia clínica digital es una herramienta legal en Argentina, ya que se enmarca en las normas nacionales que garantizan los derechos de los pacientes y la seguridad de los datos personales.

Sin embargo, aclaró que aquellas instituciones que la implementen deberán garantizar la seguridad, tanto para quienes ingresan desde afuera como para los que los hacen desde adentro.

“En algunas instituciones de Capital Federal donde se atienden pacientes célebres, se filtró información a la prensa. Profesionales que no tenían interés legítimo en ese paciente ingresaron a la historia clínica y sacaron información. Los sistemas de seguridad deben demostrar quiénes y cuándo acceden a esos datos”, indicó.

El especialista, quien es abogado del hospital Muñiz, destacó como positivos los procesos implementados en la clínica Reina Fabiola y el hospital Privado.

Nota de NATALIA LAZZARINI

Jueves 07 de marzo de 2019 – 00:11 | Actualizado: 07/03/2019 – 00:25

Curso Virtual de Enfermería en Cuidados Paliativos

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Actividad de modalidad virtual.
Curso destinado Licenciados y Enfermeros/as profesionales, interesados en adquirir las competencias básicas necesarias para asistir a pacientes con ELPL y sus familias.
El mismo se desarrolla través del Campus Virtual del INC. En el espacio de este curso, los alumnos integrarán un grupo guiado por un tutor que acompañará y orientará el proceso individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de formación colectiva.
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• El curso es gratuito y tiene cupos limitados.
Cierre de inscripción: 6 de marzo
Inicio: 13 de marzo
Carga horaria: Se requiere una dedicación semanal promedio de 4 a 6 horas. Carga total estimada del Curso: 72 horas.
INSCRIPCIÓN
Los postulantes al curso deberán inscribirse completando el siguiente formulario:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Se les solicitará que adjunten la siguiente documentación:
• Copia DNI;
• Copia Título y Especialidad (si corresponde);
• CV abreviado.
Se dará prioridad en la inscripción a aquellos profesionales que se desempeñen en instituciones públicas nacionales, provinciales o municipales.
IMPORTANTE
Las inscripciones que no cuenten con la documentación requerida de acuerdo a las indicaciones del presente flyer no serán consideradas.
No se acepta documentación enviada por mail
Requisito: Recuerde que se trata de un Curso Virtual, por lo tanto debe disponer de una computadora con conectividad a internet de calidad para poder ingresar al Campus de acuerdo al cronograma establecido para el dictado del curso.
FECHAS DESTACADAS
• Cierre de inscripción: 6 de marzo de 2019
• Comunicación de las vacantes otorgadas: 11 de marzo de 2019
• Comienzo del Curso: 13 de marzo de 2019