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EE.UU. aprobó el medicamento más caro de la historia: cuesta 2,1 millones de dólares. Noticia de La Voz del Interior

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Se llama Zolgensma y es elaborada por Novartis. Es una terapia genética contra un problema de salud hereditario llamado atrofia muscular espinal que afecta a unos 400 bebés en Estados Unidos cada año.

Las autoridades de salud estadounidenses aprobaron el viernes la medicina más cara de la historia: 2,12 millones de dólares por una terapia contra un trastorno que atrofia la capacidad motriz de los bebés y que suele causar la muerte en dos años.

La medicina, Zolgensma, es elaborada por la farmacéutica suiza Novartis. Es una terapia genética contra un problema de salud hereditario llamado atrofia muscular espinal que afecta a unos 400 bebés en Estados Unidos cada año. El fármaco se enfoca en un gen defectuoso que debilita los músculos de un niño a tal grado que no se puede mover, y con el tiempo deja de tragar y respirar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el tratamiento para todos los menores de 2 años a quienes se confirme con una prueba genética que tienen alguno de los tres tipos de esta enfermedad. La terapia se aplica con una única infusión de una hora.

Novartis indicó que permitirá que las aseguradoras hagan pagos a lo largo de cinco años, de 425.000 dólares anuales, y ofrecerá reembolsos parciales si el tratamiento no surte efecto. El costo para los pacientes variará de acuerdo con su seguro de gastos médicos.

La única otra medicina para la enfermedad que ha sido aprobada en Estados Unidos se llama Spinraza. En lugar de un tratamiento único, debe aplicarse cada cuatro meses. Su fabricante Biogen cobra 750.000 dólares por el primer año y 350.000 anuales después de eso.

El Instituto para la Revisión Clínica y Económica (ICER, por sus siglas en inglés), un grupo independiente sin fines de lucro que evalúa el valor de las medicinas nuevas y caras, calculó que el precio de la nueva terapia genética se justifica a un costo de entre 1,2 y 2,1 millones de dólares porque “transforma drásticamente las vidas de las familias afectadas por esta devastadora enfermedad”.

El doctor Steven D. Pearson, presidente del ICER, dijo que el precio del tratamiento es “un desenlace positivo para los pacientes y para todo el sistema de salud”.

El gen defectuoso que provoca la atrofia muscular espinal le impide al cuerpo elaborar una cantidad suficiente de una proteína que permite el funcionamiento normal de los nervios que controlan el movimiento. Sin esa proteína los nervios se mueren.

Zolgensma suministra una copia saludable del gen defectuoso, lo cual permite que las células nerviosas comiencen a producir la proteína requerida. Eso detiene su deterioro y favorece un desarrollo más normal en el bebé.

En los ensayos clínicos, los bebés con la forma más severa de la enfermedad a los que se aplicó la terapia con Zolgensma a los seis meses de edad tuvieron pocos problemas musculares. Los que la recibieron antes obtuvieron mejoras más notorias.

En el tipo más común de la enfermedad, que es también el más grave, al menos 90% de los pacientes mueren al llegar a los 2 años, y los que siguen vivos requieren un ventilador para respirar. Los niños afectados por los tipos menos severos quedan incapacitados más lentamente y pueden vivir un par de décadas.

NOTICIA: Crearán mesa de trabajo para dar continuidad al foro sobre los altos costos de la medicina moderna.

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El foro “El avance de la medicina moderna y su impacto en el financiamiento de los sistemas de salud”, impulsado por el rector Hugo Juri, tuvo una amplia y calificada concurrencia este lunes en la sala de sesiones del Consejo Superior de la UNC. (25.03.2019)

Una mesa de trabajo para dar continuidad a las ideas planteadas y generar algún tipo de normativa, política pública o proyecto de ley para atacar la problemática de los altos costos de la medicina moderna, fue la noticia saliente del foro que propició el rector Hugo Juri y al cual asistieron personalidades de variados ámbitos.

El encuentro se realizó este lunes 25 de marzo, en la sala de sesiones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde Juri convocó a legisladores nacionales, funcionarios del área de salud, representantes de obras sociales y de medios de comunicación, directivos de consejos profesionales, de Anmat, del Laboratorio de Hemoderivados y del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas, entre otros.

El titular de la Casa de Trejo comenzó la reunión planteando la compleja situación que enfrentan los sistemas de salud frente al fenómeno de la medicina moderna que ha elevado sus costos.

El disparador del foro se relaciona con el caso de un paciente con atrofia muscular espinal (AME) que presentó un amparo y la Justicia federal ordenó pagar 500 mil dólares por cuatro dosis de una droga de un laboratorio internacional, repartido entre el Estado nacional (70 por ciento) y la obra social Daspu (30 por ciento).

Si bien esta situación generó la reunión, Juri planteó una cuestión más de fondo. “A diferencia de otros sectores de la economía en los que la tecnología abarata los precios, en la medicina es al revés, porque se deben financiar los altos costos de la investigación farmacéutica y de la tecnológica médica. Pero esa es una parte del problema. En primer lugar, es el Estado el que tiene las espaldas para regular el precio de estas nuevas drogas que mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero que se hacen inaccesibles para la población”, arrancó el rector.

Y, agregó, citando un informe de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que 400 mil familias cayeron en la pobreza precisamente por afrontar el costo de una enfermedad de este tipo.

En ese marco, el titular de la Casa de Trejo señaló la necesidad de generar un seguro de salud para enfermedades catastróficas, pero al mismo insistió en que tiene que ser el Estado el que se involucre en esta problemática para poder regular el alto precio de ciertos medicamentos. Incluso insistió en que sean los Estados latinoamericanos los que se sienten a negociar con los grandes laboratorios.
La representante de Anmat en Córdoba, Karina Gatica, confirmó que hay 14 pacientes en Córdoba con AME, pero desligó a la entidad en relación al costo de la droga.

Los diputados Diego Mestre y Juan Brugge celebraron la iniciativa de Juri y ambos se comprometieron a realizar gestiones por esta problemática tanto ante las autoridades sanitarias de la Nación, como también la posibilidad de generar un proyecto de ley en el Congreso.

Brugge dijo: “Conozco el problema, la situación de Daspu y la realidad de las obras sociales universitarias, que no tienen el resguardo de las obras sociales sindicales. Hay un fenómeno mundial para el que no estamos preparados, que es al avance de la medicina moderna y su alto costo. Tenemos que hacer un esfuerzo regional, América latina en su conjunto, y buscar soluciones”.

Mestre agregó: “Celebro la iniciativa del rector Juri y me comprometo a trabajar para reformar o generar leyes que permitan abordar este fenómeno que afecta a las obras sociales y al sistema de salud en general”.

Estado negociador
Todos los asistentes al foro coincidieron en que el Estado nacional es el que está en mejores condiciones de negociar con las compañías multinacionales farmacéuticas.

El director periodístico de La Voz del Interior, Carlos Jornet, dijo que el reaseguro de salud planteado por Juri es una buena opción a corto plazo, pero admitió que la situación es más compleja sobre todo cuando las grandes corporaciones hacen abuso de su posición dominante.

En ese marco, Gabriel Acevedo, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, planteó la necesidad de crear una agencia de evaluación de tecnología sanitaria para este tipo de casos.

Patricia Altamirano, decana de Psicología de la UNC, reconoció que el rector Juri hizo lo que tiene que hacer una universidad pública: generar estos espacios de debate. Pero también dijo que es necesario bregar por una política de ciencia y técnica, para generar los medicamentos. “El ejemplo es nuestro Laboratorio de Hemoderivados, que regula el precio de los derivados de la sangre y hace que sean accesibles en la región. Los grandes laboratorios no tienen un sentido de la ética como sí lo tienen laboratorios como el nuestro, que afortunadamente la UNC lo ha mantenido en el tiempo”, expresó y agregó: “No deberían hacerse protocolos de investigación médica en países en los que no se pueda comprar la droga después”.

Algunos de los asistentes al foro cuestionaron que los medicamentos sean considerados como un bien de consumo y no como un bien social. La mayoría acordó en la necesidad de tener un reaseguro para los medicamentos de las llamadas “catastróficas”, pero complementado con un rol activo del Estado como negociador con las multinacionales farmacéuticas.

Susana Núñez Montoya, directora del Centro de Información de Medicamentos (Cime) de Ciencias Químicas, informó que hay países en el mundo que tienen un control mixto entre el costo y la eficacia de las drogas. “Los Estados tienen que poner las condiciones para que sean los laboratorios los que lo hagan”.

El decano de Ciencias Económicas, Jhon Boretto, fue quien propuso la creación de una mesa de trabajo para darle continuidad al debate y llegar a generar normas o políticas públicas para entregar al Gobierno nacional.

Gonzalo Pauli, presidente de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados de la Provincia de Córdoba, explicó que conoce las limitaciones de la Justicia a la hora de fallar en estos casos de enfermedades catastróficas, “porque no tienen los elementos técnicos para dirimir una situación, por lo que actúa en función del derecho a la salud de los pacientes”, señaló.

En ese contexto, Luis Hernando, presidente de Daspu, celebró la iniciativa de Juri y expresó: “No es un problema menor el que estamos debatiendo. Pero quiero destacar que la Justicia cuando lee y analiza la documentación científica y financiera falla en consecuencia, como es el caso que nos tocó a nosotros. Cuando la Justicia entiende cuál es la posibilidad de cobertura, actúa en esa dirección”.
Asistentes

Gabriel Acevedo, secretario Salud municipal; Martín Alonso, funcionario del Ministerio de Salud provincial; representantes de Daspu: Luis Hernando (presidente), Luis Ambrosini (secretario de Organización y Sistemas), Hugo Pizzi (secretario de Salud), Ricardo Castelló (secretario de Administración), Leandro Carbelo (vocal), Daniel Yorio (vocal), Héctor Gatti (vocal), César Yanover (vocal), Miguel Galoppo (vocal) y Arnaldo Márquez (vocal suplente jubilados), Inés Pastorino (Comisión Fiscalizadora); Ramiro Beverina, Pami-Córdoba; Federico Buonanote, Facultad de Ciencias Médicas; Analía Cudola, secretaria de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud provincial; Andrés Gaetano, asesor de la diputada nacional Soledad Carrizo; Roberto Terzariol, secretario General de la UNC; Jorge Dutto, prosecretario General de la UNC; Karina Gatica, Anmat-delegación Córdoba; Guillero Grgicevic, Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE)-Santa Fe; Aldo Guerra, director Colegio Monserrat; Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior; César López Seoane, vicepresidente Caja Notarial Córdoba; Pedro Martín Lorenzi, asesor de la diputada nacional Brenda Austin; Edgardo Moreno, gerente de noticias de radio Mitre Córdoba; Pascual Fidelio, director ejecutivo del Laboratorio de Hemoderivados; Gonzalo Pauli, presidente de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados de la Provincia de Córdoba; Liliana Salerno, CPCE-Córdoba; Manuel San Pedro, presidente de los SRT; José Simonella, presidente del CPCE Córdoba; Adriana Sors, presidenta CPCE Entre Ríos; Pedro Yanzi Ferreira, vicerrector UNC; Juan Zazzetti, director Pami.
Decanos de la UNC: Jhon Boretto (Ciencias Económicas); Marcelo Conrero (Ciencias Agropecuarias); Mirta Spadiliero de Lutri (Odontología); Ana Mohaded (Artes); Mariela Marchisio (Arquitectura); Elena Pérez (Lenguas); Patricia Altamirano (Psicología); Guillermo Barrera Buteler (Derecho). Vicedecanas: Jacinta Burijovich (Ciencias Sociales), Susana Morales (Ciencias de la Comunicación), Marta Fiol de Cúneo (Ciencias Médicas) y Adriana Cerato (Ciencias Exactas). Vicedecanos: Gustavo Monti (Famaf) y Marcelo Mariscal (Ciencias Químicas).

En debate: a quién le corresponde pagar los tratamientos carísimos. Noticia de La voz del Interior

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Reclamo. Las obras sociales no cubren este medicamento. (La Voz / Archivo)

El viernes, la Anmat aprobó lo que se considera uno de los medicamentos más caros del mundo. Desde la UNC proponen que se cree un seguro nacional de enfermedades catastróficas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la semana pasada el registro de un costoso medicamento para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad neurodegenerativa sin cura.

La disposición de la entidad nacional generó ilusión entre las familias con niños con esta enfermedad e impactó de lleno en Córdoba, donde recientemente la Justicia federal falló a favor de un paciente afiliado de Daspu.

Se trata de una resolución para que la obra social universitaria y el Estado nacional le proporcionen al paciente la medicina que se produce en el Reino Unido y cuyo costo suponía tiempo atrás un desembolso de entre 500 y 750 mil dólares, aproximadamente, para el primer año de tratamiento.

La droga se llama nusinersen y es conocida en el mercado como Spinraza. Y es la única posibilidad con la que cuentan las personas afectadas por la AME para combatir el avance de esta dolencia que se padece de por vida.

Desde hace más de dos años, las familias con niños con esta enfermedad poco frecuente esperan esa resolución.

Ahora los pacientes que padecen esta enfermedad en grado 1, 2 y 3 no tienen restricciones para introducir la Spinraza en la Argentina. Hasta la semana pasada, la responsabilidad de la importación corría por cuenta de cada familia, más allá de que la financiación llegara tras un fallo judicial

“Esta resolución nos abre muchas puertas, porque el medicamento deja de ser considerado experimental y abre la discusión sobre la inclusión dentro de los planes de cobertura de las obras sociales”, asegura David Hermoza, padre de dos niñas con AME.

No obstante, el medicamento sigue sin estar incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que debe garantizar cada obra social a sus afiliados. La disputa en los tribunales sigue siendo por quién debe hacerse cargo de los costos de la medicina. Usualmente, los jueces fallan a favor de los pacientes.

Sistema de salud
La nueva disposición refuerza el reciente fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que les ordenó a la Nación y a Daspu solventar los costos del tratamiento para un niño afiliado a la obra social universitaria.

En el escrito judicial se determinó que el Estado deberá afrontar el 70 por ciento, mientras que la entidad de la UNC se hará cargo del 30 por ciento restante.

Hace unas semanas, el rector de la UNC, Hugo Juri, había puesto la lupa en el impacto del costo de uno de estos tratamientos sobre las finanzas de la Daspu por este caso.

El rector estudia la posibilidad de presentarse a modo particular como amicus curiae ante la Justicia federal. El objetivo es arrimar una solución diferente de la que propuso el tribunal.

“Entendemos totalmente la situación, el derecho a la salud está garantizado y creemos que el Estado debe hacerse cargo de proveer del medicamento. Sin embargo, aquí también hay un problema de fondo. El avance de la medicina y los costos de sus investigaciones terminan impactando sobre los sistemas de salud, que, tal como están diseñados, sufren un gran impacto con este tipo de tratamientos”, advierte.

Juri propone la conformación de un seguro nacional de salud para afrontar estas enfermedades, que además se encargue de las negociaciones con los laboratorios.

“Los sistemas de salud no pueden soportar los costos tan elevados que tienen ahora algunos tratamientos y en muchos casos pueden afectar sensiblemente las arcas de una obra social, ya sea pública o privada. Por eso el problema se debe resolver entre todos”, señala.

Por su alto costo, estas enfermedades reciben la denominación de patologías catastróficas. Son aquellas cuyo tratamiento supera los 50 mil dólares.

En una estimación ágil, el costo del tratamiento para todos los pacientes de la Argentina, que rondarían entre los 350 y los 400, supone una inversión equivalente a todo el presupuesto de vacunación anual del Ministerio de Salud de la Nación.

Cáncer: el costo y la efectividad de los medicamentos, en la mira. Notade la Voz del Iterior

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La Fundación Oncológica de Córdoba expuso los dilemas que se generan ante los nuevos fármacos con elevados precios. Junto a expertos y a funcionarios provinciales, analizaron este desafío para el sistema sanitario.

¿Hasta cuándo aguanta el sistema sanitario los altos costos de los medicamentos? ¿Cómo garantizar la equidad ante la creciente oferta de tratamientos basados en nuevas tecnologías?
El tema se analizó durante la Jornada sobre Fármaco-Economía, organizada por la Fundación Oncológica Córdoba la semana pasada. En el encuentro, se planteó que no hay manera de que las obras sociales ni las prepagas, y tampoco el Estado, puedan sostener los costos de tratamientos para enfermedades oncológicas y otras crónicas, en las que a los financiadores les corresponde una cobertura total.

Como muestra, bastan algunos botones: desde 2000, el tratamiento para cáncer de colon aumentó 4.692 por ciento (pasó de $ 12.474 a $ 585.306); el de mama se incrementó en 986 por ciento (de $ 33.960 a $ 334.707,35) y el de pulmón en 1.707 por ciento (de $ 196.956 a $ 3.361.600), según los datos que proporcionó Martín Alonso, presidente de la Fundación Oncológica y director del Registro Provincial de Tumores.

Además, en la actualidad, los medicamentos oncológicos y los inmunomoduladores son los que representan los mayores desembolsos por fármacos en el país, con un 15 por ciento, según datos del Indec de 2016.
Esos tratamientos han superado al que se eroga para personas con discapacidad que, históricamente, representaban el mayor gasto, mostró Pablo Lutterini, asesor médico de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sin embargo, ¿a alguien se le ocurre en la Argentina que no tenga derecho a medicamentos y tratamientos de distinto tipo? Es por ello que, cuando algún financiador se niega, aparece el recurso de amparo para tutelar y garantizar el acceso a lo que se necesita.
Según el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, los peritos aprueban lo que solicitó el médico tratante en el 60 a 70 por ciento de las demandas, y el financiador que corresponda debe hacerse cargo.

Sin embargo, varios de los disertantes señalaron que la Justicia podría estar generando inequidades, ya que no todas las personas pueden tener acceso, ni siquiera, a recursos esenciales en salud.
Mientras la industria farmacéutica fija precios elevados para remedios oncológicos que, en muchos casos, prolongan la vida cuatro meses y cuyos efectos adversos pueden generar una mala calidad de vida, ¿cómo y quién puede ejercer racionalidad en su uso?

Desde hace dos años, se viene gestando una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud que tendría como función proveer criterios de asignación adecuada de los recursos sanitarios. Esto es a lo que apuntó el Ministro de Salud de la provincia, Francisco Fortuna, con la esperanza de que exista algún tipo de estrategia, en un sistema donde no alcanza para todo ni para todos.
Finalmente, el oncólogo Emilio Palazzo se refirió a los criterios de justicia en el delicado balance entre las obligaciones éticas de los profesionales de la salud con los pacientes y el riesgo de caer “en la irracionalidad de exigir costosos medicamentos que prolongan la vida cuatro meses”.

Por Josefina Edelstein