Impiden que tenga un hijo con su marido en estado vegetativo. Noticia: Cadena 3

El Supremo Tribunal de Justicia rionegrino revocó la autorización de la mujer al considerar que no se puede determinar la expresa voluntad de ser padre del hombre.
 

La defensora de Menores e Incapaces, Elizabeth Quesada, fue quien intervino como representante judicial del hombre en el proceso.
El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) rionegrino revocó la autorización que una mujer había obtenido para realizarle una microcirugía a su marido, que se encuentra en estado vegetativo, con el fin de crioconservar sus espermatozoides y analizar luego su aptitud para una hipotética futura procreación.
El hombre quedó en estado de “hemiplejía y conciencia mínima” luego de un accidente ocurrido en 2009. Ante la incapacidad total, su esposa fue declarada su representante legal y decidió construir una casa en General Roca adaptada para las condiciones de su esposo, según publico el Diario de Río Negro.
Así fue que intentó tener un hijo para concretar el deseo que tuvieron desde antes del accidente. De acuerdo a la información que surge del expediente, la pareja había atravesado, antes de 2009, varios embarazos frustrados y ninguno tiene hijos anteriores a esa unión.
El camino judicial recorrido por la mujer generó un profundo debate y, luego de dos fallos favorables, el máximo tribunal rionegrino desautorizó al pedido.
El STJ resolvió, por mayoría, que no puede suplantarse por otros medios la expresa voluntad de ser padre del hombre, que se encuentra en estado vegetativo desde hace nueve años.
La defensora de Menores e Incapaces, Elizabeth Quesada, fue quien intervino como representante judicial del hombre en el proceso para que el caso llegue al STJ mediante un recurso de casación. Quesada solicitó que se revoquen las sentencias iniciales y se deniegue la autorización pedida por la mujer.
“La Ley de consentimiento informado establece que la voluntad para someterse a una técnica de reproducción humana asistida tiene que actual al momento de la práctica y formal, porque hoy puedo ser papá y mañana no puedo querer. No se puede determinar su voluntad”, señaló Quesada a Cadena 3.
“Nos debimos repreguntar si esa práctica se podía hacer en el cuerpo de él ya que no podía prestar su consentimiento, cosa que no pudo hacerse porque esta práctica no era en beneficio de su propio cuerpo”, agregó.

Entrevista de Miguel Clariá


Más del 70% de los ginecólogos se niega a realizar abortos en Italia. Noticia de “La Voz del Interior”

Más del 70 por ciento de los ginecólogos italianos se niega a realizar abortos, un derecho en ese país desde hace 40 años, alegando “objeción de conciencia”, por lo que un grupo de ginecólogas feministas le pidió al gobierno que interceda para “no retroceder en los derechos de las mujeres”.

La petición, impulsada esta semana en Change.org y que ya suma más de 100.000 firmas, tiene “aún más sentido” luego de que se conociera recientemente que un médico de Nápoles se negó en julio a intervenir a una mujer en riesgo de muerte por un aborto espontáneo, por lo que fue despedido.

“¿Cómo se puede garantizar así el derecho al aborto? La solución es simplemente aplicar la ley“, comentó la ginecóloga Silvana Agatone, una de las promotoras de la petición y presidenta de la Libre Asociación Italiana de Ginecólogos por la Aplicación de la Ley 194/78 (Laiga), citada por la agencia EFE.

Desde 1978, la llamada Ley 194 permite a las mujeres en Italia abortar gratuitamente sin restricciones los primeros 90 días de embarazo y sólo en caso de peligro para la madre o malformaciones del feto tras ese período.

Sin embargo, la legislación también ampara el derecho a la objeción de conciencia de los médicos o personal sanitario que, por lo tanto, no están obligados a practicar abortos si no quieren.

Según datos del Ministerio de Salud italiano, en 2005 los ginecólogos objetores representaban el 58,7 por ciento, mientras que en 2016 ya eran el 70,9 por ciento y en regiones como Basilicata (sur) el porcentaje alcanzaba el 88,1 por ciento.

“La solución pasa por establecer la presencia obligatoria de ginecólogos no objetores las 24 horas del día y por sancionar a los centros que no aseguren la plena asistencia“, enfatizó Agatone.

Los últimos datos oficiales, de 2016, revelan que del total de 614 hospitales italianos, sólo en 371 (el 60,4 por ciento) se podía abortar, una cobertura que según el informe del Ministerio de Salud, es “adecuada”.

Para Agatone, la objeción de conciencia “provoca humillación y abandono de la paciente” y aboca a las mujeres al aborto clandestino.

“Pongo en cuestión los datos del Ministerio, que dicen que en 2016 hubo 84.926 abortos, 2.713 menos que en 2015. No es cierto que haya menos abortos, sino que muchas mujeres se ven obligadas a hacerlo en la clandestinidad porque hay regiones donde es muy difícil encontrar un médico que quiera practicarlo“, lamentó.

Récord anual en donaciones de órganos en Córdoba. Noticias de la Voz del Interior

Mejor coordinación para las acciones de procuración y un contexto nacional de mayor sensibilización por medidas como la denominada “ley Justina”, fueron algunos de los factores que incidieron en que, en lo que va del año, se haya marcado un récord en la provincia en donación de órganos y tejidos, con una cifra que superó a la de 2015, que marcó un hito en la materia.

Hasta el jueves, se produjeron 138 donaciones: 70 de órganos y 68 de tejidos, contra 69 y 57, respectivamente, de 2015. En 2016, en cambio, se había registrado una baja significativa (50 donaciones de órganos y 54, de tejidos) y se había mantenido prácticamente igual en 2017 (66 donaciones de órganos y 43 de tejidos).

“Córdoba es el tercer distrito en cantidad de donantes de órganos”, afirmó el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna. Esta participación se mide en cantidad de donantes por millón de habitantes y es liderado por Tucumán, al que le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Nos hemos superado a nosotros mismos”, valoró Fortuna.

También en lo que va del año se efectuaron 70 operativos de procuración de órganos. De ese número, el 67 por ciento correspondió a instituciones públicas y el 23 por ciento, a privadas. A su vez, hubo 68 operativos de procuración de tejidos: 60 por ciento en instituciones públicas y 40 por ciento, en privadas.

En el procedimiento de procuración, lo que se busca es toparse con la menor cantidad posible de negativas de los familiares. Fortuna señaló que también estos resultados reflejaron una mejora. En 2015, considerado un buen año, la tasa de negativa fue del 32 por ciento. En tanto, al jueves pasado, esta tasa se había reducido al 16,51 por ciento. Hay 29 establecimientos de salud que son procuradores de órganos y tejidos, la mayoría oficiales y provinciales, aunque también hay nacionales –como el hospital de Clínicas– y municipales, como el de Urgencias.

En Córdoba se efectuaron en lo que va del año 443 trasplantes de órganos y tejidos, un promedio de más de un trasplante por día.

Por su parte, el titular del Ecodaic, Marcial Angós, señaló también que lo determinante en la evolución ha sido el proceso encarado en los últimos años, que incluyó la creación del Programa Córdoba Procura, en 2014, y las redes tejidas a partir de la coordinación entre instituciones.

Desde la entrada en vigencia de la nueva norma, en julio, en Córdoba 918 personas manifestaron su negativa a ser donantes. A nivel nacional, en tanto, esa cifra ascendió a 4.619 personas.

Por Alejandra Beresovsky

Cáncer: el costo y la efectividad de los medicamentos, en la mira. Notade la Voz del Iterior

La Fundación Oncológica de Córdoba expuso los dilemas que se generan ante los nuevos fármacos con elevados precios. Junto a expertos y a funcionarios provinciales, analizaron este desafío para el sistema sanitario.

¿Hasta cuándo aguanta el sistema sanitario los altos costos de los medicamentos? ¿Cómo garantizar la equidad ante la creciente oferta de tratamientos basados en nuevas tecnologías?
El tema se analizó durante la Jornada sobre Fármaco-Economía, organizada por la Fundación Oncológica Córdoba la semana pasada. En el encuentro, se planteó que no hay manera de que las obras sociales ni las prepagas, y tampoco el Estado, puedan sostener los costos de tratamientos para enfermedades oncológicas y otras crónicas, en las que a los financiadores les corresponde una cobertura total.

Como muestra, bastan algunos botones: desde 2000, el tratamiento para cáncer de colon aumentó 4.692 por ciento (pasó de $ 12.474 a $ 585.306); el de mama se incrementó en 986 por ciento (de $ 33.960 a $ 334.707,35) y el de pulmón en 1.707 por ciento (de $ 196.956 a $ 3.361.600), según los datos que proporcionó Martín Alonso, presidente de la Fundación Oncológica y director del Registro Provincial de Tumores.

Además, en la actualidad, los medicamentos oncológicos y los inmunomoduladores son los que representan los mayores desembolsos por fármacos en el país, con un 15 por ciento, según datos del Indec de 2016.
Esos tratamientos han superado al que se eroga para personas con discapacidad que, históricamente, representaban el mayor gasto, mostró Pablo Lutterini, asesor médico de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sin embargo, ¿a alguien se le ocurre en la Argentina que no tenga derecho a medicamentos y tratamientos de distinto tipo? Es por ello que, cuando algún financiador se niega, aparece el recurso de amparo para tutelar y garantizar el acceso a lo que se necesita.
Según el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, los peritos aprueban lo que solicitó el médico tratante en el 60 a 70 por ciento de las demandas, y el financiador que corresponda debe hacerse cargo.

Sin embargo, varios de los disertantes señalaron que la Justicia podría estar generando inequidades, ya que no todas las personas pueden tener acceso, ni siquiera, a recursos esenciales en salud.
Mientras la industria farmacéutica fija precios elevados para remedios oncológicos que, en muchos casos, prolongan la vida cuatro meses y cuyos efectos adversos pueden generar una mala calidad de vida, ¿cómo y quién puede ejercer racionalidad en su uso?

Desde hace dos años, se viene gestando una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud que tendría como función proveer criterios de asignación adecuada de los recursos sanitarios. Esto es a lo que apuntó el Ministro de Salud de la provincia, Francisco Fortuna, con la esperanza de que exista algún tipo de estrategia, en un sistema donde no alcanza para todo ni para todos.
Finalmente, el oncólogo Emilio Palazzo se refirió a los criterios de justicia en el delicado balance entre las obligaciones éticas de los profesionales de la salud con los pacientes y el riesgo de caer “en la irracionalidad de exigir costosos medicamentos que prolongan la vida cuatro meses”.

Por Josefina Edelstein